El 9 de abril de 2009, más de mil comunidades amazónicas de una veintena de familias linguísticas distintas, agrupadas en las organizaciones Aidesep y Orpian, se declararon en pie de lucha contra leyes que amenazan las tierras indígenas y entregan las selvas a la rapiña de las corporaciones privadas. Al amanecer del 5 de junio de 2009, comandos expertos en asaltos armados atacaron con una lluvia de balas (según testimonio unánime de los sobrevivientes) a miles de civiles que bloqueaban la carretera Fernando Belaunde, a la altura de Bagua Grande, en el departamento peruano de Amazonas. Organismos estatales dieron una cifra final de 10 civiles muertos, 5 de ellos en las urbes de Bagua y Bagua Grande, adonde la Policía extendió los tiroteos; y más de 100 heridos por arma de fuego. Portavoces indígenas señalaron que el número de manifestantes asesinados podía elevarse hasta 250, pero que los cadáveres fueron "desaparecidos de las colinas mediante el uso de fuego o helicópteros", u "ocultos en el próximo cuartel del Ejército de El Milagro". Veinticuatro policías murieron en total (según versión del Estado) en supuestos ataques o represalias de indígenas armados, el 5 y 6 de junio, pero al respecto se han dado versiones muy contradictorias. Las noticias impuestas por altos funcionarios del Estado, desde Lima, acusaron a los manifestantes de "recibir a las Fuerzas del Orden a balazos", "desarmar policías que no quisieron disparar" o "derribar helicópteros de la Policía". La región fue declarada en toque de queda militar hasta por 17 horas diarias, desde la noche del 5 de junio; y miles de indígenas se refugiaron en centros asistenciales y parroquias. La específica zona de la Curva del Diablo fue militarmente cercada durante 3 días enteros: ni autoridades civiles (como fiscales que certifican muertes y levantan cadáveres) ni trabajadores humanitarios pudieron comprobar el lugar. Decenas de civiles o indígenas presos son acusados de secuestro y homicidio, cargos que niegan con muchas pruebas e indicios a su favor; mientras ninguna autoridad política, policial o militar afronta ninguna investigación judicial por los hechos de sangre, de los que se ignoran sus exactas proporciones.
(Publicado el 05 de junio de 2010. Actualizado el 10 de junio de 2010. Las fotografías son de Thomas Quirynen -Catapa- y del Vicariato de Jaén).